La sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para las empresas, con independencia de su tamaño o volumen de facturación. Aunque muchas empresas no están obligadas a elaborar informes de sostenibilidad, en la práctica reciben cada vez más solicitudes de información ESG (ambiental, social y de gobernanza) por parte de clientes, entidades financieras, grandes empresas o administraciones públicas. En este contexto surge el estándar VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), desarrollado por EFRAG, organismo técnico que asesora a la Comisión Europea en materia de información corporativa, con el objetivo de ofrecer a las pymes un marco voluntario, simplificado y proporcionado para comunicar información de sostenibilidad de forma ordenada, comparable y comprensible para terceros.

La Comisión Europea ha reforzado este enfoque mediante la Recomendación (UE) 2025/1710, invitando a utilizar el VSME como referencia común. La finalidad es clara: reducir la fragmentación de los requerimientos ESG, evitar que cada cliente solicite información en formatos distintos y facilitar que las pymes puedan responder de manera más eficiente a unas demandas de mercado cada vez más frecuentes. A estos efectos, conviene recordar que la definición europea de pyme comprende aquellas pequeñas y medianas empresas que, en la fecha de cierre, no superan al menos dos de los siguientes límites: veinte millones de euros de total de balance, cuarenta millones de euros de volumen de negocios neto y doscientos cincuenta empleados de media durante el ejercicio. No se trata, por tanto, de una categoría residual, sino del núcleo mayoritario del tejido empresarial europeo y español.

El estándar se estructura en dos módulos: un módulo básico, orientado a empresas con menor capacidad administrativa, y un módulo ampliado, destinado a aquellas que necesiten un mayor nivel de detalle. Esta configuración permite adoptar el sistema de forma progresiva, recopilando información esencial sobre consumos energéticos, emisiones, plantilla, políticas laborales, gobernanza o cumplimiento normativo, sin reproducir las exigencias documentales propias de las grandes empresas. Precisamente por esa flexibilidad, el VSME puede representar una ventaja competitiva: una pyme con información ESG ordenada estará mejor posicionada para trabajar con grandes clientes, acceder a financiación, participar en licitaciones o integrarse en cadenas de suministro internacionales.

Esta utilidad resulta especialmente relevante porque la sostenibilidad se está consolidando como criterio de selección de proveedores. Disponer de un estándar reconocido puede ayudar a diferenciarse en un mercado cada vez más exigente y, al mismo tiempo, corregir un problema real: la dispersión de solicitudes ESG. Hasta ahora, muchas pymes se enfrentaban a requerimientos heterogéneos, repetitivos y, en ocasiones, desproporcionados. Cada cliente podía exigir indicadores distintos y formatos propios, generando costes administrativos innecesarios. Un marco común permite reducir esa carga y aportar mayor seguridad jurídica y operativa.

Su impacto puede ser especialmente relevante en licitaciones públicas y privadas, donde muchas pymes han quedado fuera de determinados concursos no por falta de capacidad técnica, sino por no poder aportar información de sostenibilidad en el formato exigido. El VSME facilita la presentación de un dossier homogéneo, comprensible y reutilizable, mejorando el acceso a oportunidades de negocio. También destaca su papel como límite razonable en la cadena de valor, ya que las grandes empresas necesitan información de sus proveedores para cumplir con sus propias obligaciones de sostenibilidad, pero esa necesidad no debería traducirse en exigencias desproporcionadas para pymes y microempresas. En este sentido, el VSME puede actuar como un "techo" de información: las pymes deberían poder responder conforme a este estándar sin asumir cargas pensadas para empresas de mayor tamaño.

Ahora bien, el análisis debe ser equilibrado. El principal riesgo es que, pese a su carácter voluntario, el VSME se convierta en una obligación de facto. Si grandes empresas, bancos o administraciones lo exigen sistemáticamente como condición para contratar, financiar o mantener relaciones comerciales, muchas pymes se verán obligadas a adoptarlo, aunque no exista una imposición normativa directa. A ello se suma el coste de cumplimiento, pues incluso un estándar simplificado exige recopilar, ordenar y actualizar datos de forma periódica. Para muchas pymes, esto implica tiempo, recursos y, en ocasiones, asesoramiento externo.

También puede generarse una brecha entre empresas: aquellas con mayor estructura o digitalización adoptarán antes el estándar, mientras que otras pueden quedar rezagadas por falta de medios. Además, existe el riesgo de caer en un formalismo excesivo, convirtiendo el reporte ESG en un ejercicio meramente documental. Su valor real debe estar en mejorar la gestión interna, identificar riesgos y oportunidades y facilitar la toma de decisiones. La clave no es solo reportar, sino entender y gestionar la sostenibilidad como parte del negocio.

En definitiva, el VSME es una iniciativa necesaria y bien orientada. Puede aportar orden, proporcionalidad y eficiencia a un entorno en el que las pymes reciben cada vez más solicitudes ESG. Bien aplicado, facilita el acceso a financiación, licitaciones y cadenas de valor más exigentes. No obstante, su éxito dependerá de que se utilice como herramienta de simplificación y no como una nueva barrera burocrática. La sostenibilidad debe avanzar con ambición, pero también con realismo. Dado el peso estructural de las pymes en la economía europea y española, cualquier transición sostenible pasa necesariamente por ellas. El VSME puede ser una oportunidad para reforzar su competitividad, siempre que se respete su finalidad esencial: simplificar, no complicar.